El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla ha desestimado esta semana el recurso interpuesto por los inquilinos de las 91 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la barriada de La Alcarrachela, por la venta de estas viviendas sociales.
Las cuales pertenecían a la antigua empresa municipal Sedesa (Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico), una empresa pública que quebró y cuyos activos y propiedades salieron a subasta pública, entre las que se encontraban las 91 viviendas sociales de Estatuto de Autonomía, que fueron adquiridas por un fondo de inversiones.
El cual es propietario de estas viviendas de alquiler social, donde sus inquilinos llevan varios años luchando para que los pisos vuelvan a ser de titularidad pública, por lo que presentaron un recurso ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo para que declarara nulo el proceso de compra de los pisos subastados alegando un incumplimiento normativo y solicitando que la Junta de Andalucía ejerciera el derecho de retracto y adquiriera la titularidad de las viviendas.
Un recurso que ha sido rechazado por el juzgado número 6 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, un fallo en el que se señala que los inquilinos tienen un plazo de quince días para interponer un recurso de apelación ante el propio juzgado o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), siendo esta la opción elegida por los vecinos de las viviendas sociales.
