El salón de actos del Palacio de Benamejí, acogió en la mañana de ayer miércoles una sesión extraordinaria del pleno de la Corporación Municipal, en la que se aprobaba inicialmente la propuesta del Gobierno Local (PSOE), para la licitación del nuevo contrato de la prestación de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, punto limpio y limpieza viaria de la ciudad de Écija.
Un nuevo expediente de contratación que se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación, los cuales, estarán sujetos a regulación armonizada y tramitación ordinaria del gasto, para el nuevo contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), punto limpio y limpieza viaria, el cual, está presupuestado en 37 millones de euros para un periodo de duración de diez años.
Una propuesta del Gobierno Municipal del PSOE, que consiguió los votos favorables de los grupos municipales de Fuerza Ecijana y Vox, y que contó con la abstención de Partido Popular y Ciudadanos, y el voto en contra de Izquierda Unida y Podemos.
En este sentido, los socialistas ecijanos defendieron que esté nuevo modelo para la concesión privada de estos servicios introduce una serie de mejoras, como la ampliación de personal, incorporación de más maquinaria y vehículos, la ampliación de las frecuencias, con el que se adapta a la normativa de la Unión Europea.
Mientras que los más críticos con esta propuesta fueron los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos, los cuales, consideran que este nuevo pliego puede comprometer las cuentas del consistorio, ya que dicho contrato se incrementara en más de 1,5 millones de euros al año.
Por su parte, el principal grupo de la oposición, PP, consideraba que la ciudad tiene que tener un nuevo contrato de la basura y limpieza que se adapte a las actuales circunstancias y normativas, aunque la propuesta aprobada pueda ser mejorable.
Un contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), punto limpio y limpieza viaria de Écija, que es prestado desde el año 2018 por la empresa ecijana Ecilimp, una adjudicataria que renunciaba el año pasado a la prórroga de la concesión.