El gobierno municipal de Écija anunciaba en la jornada de ayer martes que la administración local de la ciudad astigitana había presentado oficialmente un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de Andalucía de no ejercer su derecho a retracto sobre las 91 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la calle Estatuto de Autonomía, las cuales, salieron y fueron adjudicadas en subasta pública a un fondo de inversión privado.
Según manifestó la portavoz del gobierno local, Rosa Pardal, con este recurso “se pretende buscar una solución para que estas 91 viviendas sociales sigan teniendo un carácter público y no especulativo”, por tal motivo, “los servicios jurídicos del consistorio ecijano han redactado un recurso técnico y no político”.
En el que “se recoge todo el proceso de la quiebra de la empresa municipal SEDESA”, señalaba Pardal, que acusaba a la Junta de Andalucía de “deslealtad institucional entre administraciones por incumplir el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Écija para no dejar que estas 91 viviendas pasen a manos privadas llegado el caso y ejercer el derecho a retracto sobre las mismas”.
Además, la portavoz del gobierno municipal explicaba que “con este recurso jurídico de alzada se da la posibilidad de que se activen de nuevo los 60 días para que la Junta haga uso del derecho a retracto, así como, que se pueda impugnar la transmisión y registro de estas viviendas por una empresa privada”.
Por último, Rosa Pardal, señalo que “la Junta de Andalucía cuenta ahora con un plazo de noventa días para responder al recurso de alza de la administración ecijana, tras lo cual y dependiendo de la respuesta de la administración andaluza, no se descarta que se tenga que acudir a los tribunales”.
