El alcalde de la ciudad informó esta semana en el pleno extraordinario y urgente de la corporación municipal que tuvo lugar en el salón de actos del Palacio de Benamejí, que había firmado un escrito dirigido al juzgado de Écija en el que se solicita la nulidad de transmisión de unos bloques de viviendas protegidas y garajes que fueron subastados en la barriada de La Alcarrachela.
Se trata más concretamente de las 91 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se encuentran ubicadas en las calles La Luisiana y Estatuto de Autonomía, las cuales salieron a subasta pública tras la quiebra y posterior liquidación de la Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico S.A. (SEDESA), una empresa municipal que entre sus activos se encontraban estos pisos que serían subastados y adquiridos por una empresa privada.
Un procedimiento que ha sido denunciando con varios escritos ante el juzgado de lo Mercantil Núm. 2 de Sevilla, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Écija, además de una queja y solicitud de ayuda a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, unos escritos que fueron elaborados el abogado hispalense Francisco Tejado y por algunos grupos de la oposición.
Los cuales siguen la misma línea del escrito presentado por la administración local en los juzgados de Écija, en el que solicita que declare la nulidad de la subasta y la adquisición de estas 91 viviendas sociales por parte de esta empresa privada, amparándose en unos defectos legales que se produjeron durante este proceso de subasta, como no notificar a las familias de dichas viviendas que podían a ejercer un derecho de retracto y adquirir la propiedad de los pisos que habitan en régimen de alquiler social.