Un grupo de 91 familias de la localidad sevillana de Écija continúa su lucha por recuperar sus viviendas protegidas, que fueron vendidas a un fondo buitre debido a una deuda del Ayuntamiento ecijano.

Una demanda que se encuentra a la espera de una sentencia que podría resolverse en un plazo máximo de dos meses, según ha anunciado el abogado Francisco Tejado, representante de las familias afectadas.

Las viviendas, ubicadas en las calles Estatuto de Autonomía y La Luisiana, en la barriada ecijana de La Alcarrachela, fueron adjudicadas a la empresa Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido S.L. Las familias, muchas de ellas de escasos recursos, denuncian que la venta se realizó incumpliendo la normativa vigente, lo que ha motivado un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.

Incumplimiento normativo y derecho de retracto

Las personas afectadas defienden que, en la venta de sus viviendas protegidas, se incumplió del artículo 33 del Decreto 149/2006, que exige a la empresa adjudicataria notificar la adquisición de las viviendas en un plazo de un mes. La omisión de la comunicación en el plazo reglamentario es considerada un vicio de nulidad de pleno derecho, lo que refuerza la postura de los demandantes.

Además, la normativa andaluza permite la intervención de la Administración mediante el derecho de retracto, una herramienta diseñada para garantizar la función social de la vivienda, con que se puede revertir la venta y proteger a los actuales inquilinos.

El fondo buitre involucrado en el caso tiene un expediente abierto por la Agencia Tributaria por incumplimientos fiscales, lo que ha aumentado la desconfianza de las familias afectadas. El abogado de las víctimas ha asegurado que el fondo incumplió plazos legales y que la Junta "santificó esa decisión, actuando incluso rayando la prevaricación". "La Junta se ha puesto del lado de un fondo buitre que está actuando contra los intereses de 91 familias humildes de Écija", denuncia Tejado.

Si el juzgado declara la nulidad de la adjudicación, la Junta tendría que decidir si ejercer el retracto o permitir que el Ayuntamiento u otros agentes asuman la titularidad de las viviendas. Esto no solo beneficiaría a los actuales inquilinos, sino que también sentaría un precedente importante en la protección de viviendas protegidas frente a prácticas especulativas.

Las 91 familias de Écija, mientras tanto, mantienen su esperanza y su lucha, respaldadas por la convicción de que la justicia prevalecerá frente a la especulación y el abuso.

Agencias