La concejala y portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Écija, Silvia Heredia, ha presentado una denuncia contra el edil de Fuerza Ecijana (FuE), Ángel García Gómez, tras las continuas "descalificaciones e interrupciones" que la edil de los populares ecijanos sufre por parte del concejal de FuE cuando interviene en los plenos de la Corporación Municipal, lo que le impide, “realizar su trabajo dignamente”.
Así lo informa el abogado de la concejala ecijana, Fernando Osuna, en un comunicado de prensa en el cual señala que ha presentado acciones judiciales mediante demanda de conciliación contra este concejal, debido a las descalificaciones recibidas desde hace más de cuatro años, intensificándose los mismos en los últimos 24 meses.
Paso previo
Se trata de un paso previo a una demanda por intromisión ilegítima de su derecho al honor, indica el letrado, que añade que “los desprestigios vertidos sobre la concejala han sido durante la celebración de los plenos en el Ayuntamiento de Écija y, entre ellos, están: tonta, fea, mala persona, sinvergüenza, mentirosa compulsiva, soberbia, prepotente, provocadora de odio o animadversión de los ciudadanos, culpable de un delito de prevaricación, y otros altamente ofensivos”.
El letrado sostiene que son hechos que se repiten en el tiempo. En casi todas las intervenciones orales en las sesiones municipales de la concejala en cuestión, el demandado trata de boicotear el discurso de aquella. Lo hace con voces y sonidos de gran volumen. Con todo, hace muy difícil la exposición del mensaje político de la concejala.
Hechos que se repiten
Son hechos “que se repiten en el tiempo, día tras día, semana tras semana. Obedecen a un plan de hostigamiento y pretendido derrumbe psicológico y moral, para culminar con el abandono de la política de esta servidora pública”.
Se trata de una fuerza política “cercana al PSOE”, partido que gobierna en el Ayuntamiento, cuyo alcalde, David J. García Ostos, “no toma medidas adecuadas y proporcionadas para atacar tan lamentables hechos”.
Acciones judiciales
Las acciones judiciales emprendidas por la concejala se fundamentan en el entendimiento de que los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. Están reconocidos en la Constitución “y protegidos civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas”.
Las pretensiones de estas acciones judiciales son, por una parte, que el concejal reconozca los hechos. Además, que repare el daño causado disculpándose públicamente. Por último, se le pide que cese en esta conducta