Una representación de los inquilinos de las 91 viviendas de Estatuto de Autonomía se concentraban en el día de ayer a las puertas del bufete de abogados que representa al fondo privado que ha adquirido las viviendas, tras entregar unos escritos con los que se inicia la vía judicial para que la Junta de Andalucía ejerza el derecho de retracto sobre esta promoción de viviendas sociales de Écija.
Según señala UP (IU-Podemos) por Écija, “la Junta de Andalucía ha malvendido las 91 viviendas sociales, dejando que se privatice un bien público, a pesar de haberse comprometido a velar por ellas”; además, la coalición asegura que “la Junta rechazó un recurso de alzada para rectificar la decisión y ha obligado a judicializar este asunto, dificultando una solución que podía haber sido política”.
En este sentido, se manifestaba también Ismael Sánchez, diputado andaluz de UP por Andalucía, que declaraba que se encontraban a las puertas del bufete de abogados que “representa a un fondo buitre que va a especular con el techo de estos vecinos y vecinas”, añadiendo, que “no vamos a permitir esta especulación, porque vamos a seguir instando al Ayuntamiento y a la Junta a que en el ejercicio de sus competencias garanticen el mantenimiento de las viviendas para sus dueños”.
Por su parte, Manuel Lay, coordinador provincial de IU Sevilla, manifestaba que la organización a la que representa “hará todo lo posible para que estas viviendas reviertan a lo público y la Junta de Andalucía no se pueda escaquear en situaciones como estas”, ya que los vecinos tienen la intención de “seguir luchando” llevando a cabo todas las acciones necesarias para recuperar sus viviendas.