Un grupo de inquilinos de las viviendas sociales de las calles de Estatuto de Autonomía y La Luisiana, que fueron vendidas en subasta a un fondo buitre, se concentraron en la tarde de ayer lunes en la Plaza de la Constitución, para solicitar el respaldo de la administración municipal en el proceso judicial que llevan a cabo para recuperar el carácter público de las VPO (Vivienda de Protección Oficial).
Una protesta que realizaban ante las puertas del Palacio de Benamejí, en el que se celebraba el pleno ordinario del mes de febrero de la Corporación Municipal de Écija, donde estos vecinos manifestaban que "viven con miedo a que los echen".
Según denuncian estos inquilinos de las VPO, en los bloques de viviendas "no se realizan ningún trabajo de mantenimiento desde que fueran adquiridas por este fondo de inversión, el cual parece que tampoco cumple con sus obligaciones tributarias, ya que estamos recibiendo cartas por impagos a hacienda de la empresa", señalan estos vecinos que pagan cada mes su alquiler social.
Los cuales temen que cambien las condiciones del alquiler o que los echen de los pisos una vez cumplidos los 25 años del contrato de arrendamiento social, que para la mayoría de los inquilinos se producirá a partir del mes de marzo de este mismo año, por lo que manifiestan que "viven con ansiedad ante la incertidumbre que tenemos encima".
La cual se ve agravada por una falta de acción tanto del anterior gobierno municipal del PSOE como el actual del PP, señalan estos vecinos que "lamentan que ni el Ayuntamiento de Écija ni la Junta de Andalucía hayan trabajado por protegerles, y preservar el carácter público de estas viviendas sociales".
Una cuestión que los vecinos de las viviendas sociales de las calles de Estatuto de Autonomía y La Luisiana, tratan de revertir en los tribunales, con una demanda que han promovido con el apoyo jurídico del grupo municipal de IU-Podemos Écija. Un proceso judicial que hace unos días quedaba listo para sentencia, la cual se espera que se produzca en dos meses.
