Las familias que se encuentran de alquiler en las 91 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de las calles La Luisiana y Estatuto de Autonomía, han solicitado una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
La solicitud viene motivada por la falta de respuesta de la administración autonómica y el deterioro progresivo de sus viviendas, señalan los vecinos, que recuerdan que ha pasado más de un año desde que mantuvieran una reunión en julio de 2025 con responsables de la Secretaría General de Vivienda, en la que se comprometieron a estudiar el problema y responder después del verano de ese mismo año.
Respuesta que no han recibido hasta la fecha, así como tampoco a la solicitud que presentaron en el registro del Parlamento de Andalucía en noviembre de 2025, aseguran los portavoces de estos vecinos de las viviendas sociales de La Alcarrachela.
Los cuales denuncian que las viviendas presentan problemas de mantenimiento y seguridad, que atribuyen a los propietarios de las VPO, que fueron adquiridas en subasta por un fondo de inversión. Un deterioro que los vecinos sospechan que podría estar relacionado con una venta para evitar los derechos de tanteo y retracto que pudieran ejercer ellos mismos o las administraciones públicas.
Motivo por el que los inquilinos de estas 91 viviendas sociales solicitan a la Junta de Andalucía, que intervenga para proteger el uso social de las viviendas frente a lo que consideran una situación de abandono y especulación inmobiliaria.







