El abogado de Izquierda Unida, Francisco Tejado, que defiende la causa de los inquilinos de las 91 viviendas de la barriada de Estatuto de Autonomía y calle La Luisiana, informo en el día de ayer a estos vecinos y medios ecijanos que se había presentado ante el Ayuntamiento y la Junta un escrito en el que se insta a que estas administraciones soliciten la nulidad del procedimiento mediante, el cual, se adjudicaron estas viviendas a un fondo de inversión.
Según Tejado, esta petición se realiza en “base a que durante dicho proceso de liquidación de la antigua SEDESA, se obvió como es preceptivo el trámite de audiencia a los vecinos, al que según la Ley tenían derecho”, por lo que “instar a estas instituciones a que realicen nuevas actuaciones en defensa de los intereses de estos vecinos cuyas viviendas fueron vendidas a un fondo de inversión, en un proceso poco trasparente”, indica el abogado de Izquierda Unida.
El cual, añade que “este procedimiento comenzó viciado desde el anuncio del inicio ante el Juzgado de lo Mercantil, cuando no escucho a estos inquilinos, como dictamino la sala tercera del Tribunal Supremo, en un asunto con víctimas de los fondos de inversión, que dijo, que a los arrendatarios e inquilinos se les tiene que escuchar, ya que son parte afectada, a la que se le va a modificar sus derechos”.
Más cuando se trata de una sociedad como era SEDESA que “es una sociedad sometida al derecho público, así lo reconoce el propio ayuntamiento en el recurso de alzada que dice que la competencia en la gestión de vivienda pública es de la corporación municipal y la ejerce a través de la entidad se SEDESA, la cual, es el brazo extendido – si se me permite la expresión – de la corporación local para realizar la gestión de dichas viviendas”, las cuales, “no debieron salir a este procedimiento concursal como recoge la Ley Concursal en su artículo dos, dos, por el que nunca esa entidad se pudo someter a este proceso y se hizo, y se le declaró un concurso que ya veremos a ver qué recorrido tiene este asunto y si alguien tiene que responder por las decisiones tomadas”.
En este sentido, el portavoz y el abogado de IU manifestaron que en el escrito presentado ante las administraciones se “insta a que se solicite ante el Juzgado de lo Mercantil, la nulidad del procedimiento concursal y la subasta pública en la que se adjudicaron las 91 viviendas a una entidad inversora que se constituyó meses antes de la adquisición de las mismas, una empresa adjudicataria de las viviendas protegidas”.
La cual, “tenía un plazo de un mes para comunicar a la Junta de Andalucía que eran los nuevos propietarios y este trámite se lo saltaron como establece el reglamento autonómico, por lo que se concluye que es nula la adjudicación a esta empresa que le dio el Juzgado de lo Mercantil Núm. 2 de Sevilla, ante ello queremos retrotraer al tanteo, pero no vamos a plantear el precio, que es el que ellos han establecido y pagado”.
Un precio, que “si los inquilinos están dispuestos a pagarlo, tendría que pagar como legítimo propietario cuando este derecho de retracto de vuelta hacia atrás es el ayuntamiento que sería el adjudicatario de las viviendas protegidas de la Junta de Andalucía, el cual, a su vez puede extender este derecho a las personas que están habitando las 91 viviendas de Estatuto de Autonomía y la calle La Luisiana”.