El Defensor del Pueblo Andaluz, ha admitido a trámite la queja presentada por los inquilinos de las 91 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la calle Estatuto de Autonomía, por la venta de sus viviendas a un fondo de inversiones privado en subasta pública y la posterior negativa de la Junta de Andalucía para ejercer el derecho de retracto.
Una queja y solicitud de ayuda, a la que Jesús Maeztu, ha respondido esta semana por carta dirigida a la representante de estas familias que se han visto afectadas por esta venta de sus viviendas sociales, un escrito en el que el Defensor del Pueblo Andaluz informa a estos inquilinos que su queja “ha sido admitida a trámite por reunir los requisitos establecidos en la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz y que se han iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes”.
En este sentido, “se ha solicitado a la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que nos aporte cuanta información disponga sobre los hechos” que planteaban los inquilinos de la calle Estatuto de Autonomía en su escrito de queja del pasado mes de octubre.
El cual, “se acompañó con toda la documentación requerida por esta institución andaluza” a la que los vecinos de estas viviendas sociales de la barriada de La Alcarrachela solicitan “ayuda para aclarar si la Junta de Andalucía tiene competencia para ejercer el derecho de retracto sobre las viviendas que habitan y que han sido vendidas a un fondo privado”.