Las familias de los usuarios de la residencia de personas gravemente afectadas de PRODIS y la Asociación AFAMIT cuestionan en un comunicado la versión dada por el Ayuntamiento de Écija sobre los hechos que han llevado a la suspensión de empleo de tres trabajadores y reclaman que se esclarezcan las presuntas agresiones físicas a los residentes.
Unos hechos que están siendo investigados por la Fiscalía y la Junta de Andalucía, los cuales ocurrieron en un centro gestionado por el Organismo Autónomo Local (OAL) de PRODIS, dependiente del Ayuntamiento de Écija.
El Ayuntamiento informó hace unos días, a través de un comunicado, que había suspendido cautelarmente de empleo a tres de trabajadores tras haberles abierto un expediente por «comportamientos inapropiados» hacia usuarios de la residencia. Un asunto que también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía, por lo que pedía en el mismo comunicado prudencia mientras se llevaba a cabo la investigación.
Una versión que las familias y AFAMIT cuestionan en un comunicado, al considerar que no refleja la gravedad de lo comunicado por la dirección del centro, que describe los hechos de violencia física y trato degradante.
Según el escrito de la Asociación AFAMIT, un informe oficial enviado a uno de los familiares recoge que uno de los usuarios con un grado de discapacidad del 85% habría recibido varios golpes en distintas ocasiones por parte de uno de los trabajadores, así como un puñetazo en el estómago propinado presuntamente por otro trabajador para que se mantuviera de pie mientras lo atendía en el baño.
A través del abogado Alejandro Álvarez Rivero, las familias y la asociación solicitan al Ayuntamiento que rectifique la versión dada en el comunicado y piden que se les facilite, dentro de la legalidad, una copia del expediente remitido a la Fiscalía Provincial de Sevilla y a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Así como la entrega de la documentación sobre el estado real de las cámaras de vigilancia del centro, las fechas de sus averías y las actuaciones llevadas a cabo para su reparación.
Por último, se reclama que se determinen todas las responsabilidades que puedan corresponder por estos hechos que las familias y la asociación consideran graves, y por lo que no descartan emprender acciones judiciales.
