Marifrán Carazo Villalonga, actual Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha confirmado públicamente que la administración autonómica no ejercerá el derecho de retracto sobre las 91 viviendas VPO (Vivienda de Protección Oficial) de la calle Estatuto de Autonomía de Écija, tras ser adquiridas por un fondo de inversión privado en subasta.
Según indica la responsable de Fomento, “no es competencia de la Junta de Andalucía asumir la compra de estas 91 viviendas cuando ya han sido adquiridas por un fondo de inversión privado en una subasta pública”, además, la consejera añade que “el primer responsable de la situación de esta promoción viviendas y de sus vecinos, es el ayuntamiento ecijano”.
En este sentido, Carazo Villalonga (PP), ha señalado que “ahora lo más importante es velar porque este fondo de inversión que ha comprado las 91 viviendas protegidas, cumpla con la calificación de viviendas públicas en régimen de alquiler social”.
Por su parte, desde el Gobierno Municipal (PSOE) ha sido calificada esta decisión de la Junta de Andalucía como “deslealtad institucional” ante un problema que afecta a los inquilinos de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía y recuerda que “en 2018 la administración autonómica ya ejerció el retracto para más de medio centenar de viviendas protegidas en la localidad sevillana de Santiponce”.
En este sentido, el Gobierno Local indica que “no descarta movilizaciones junto a los vecinos de las viviendas, así como, iniciativas a nivel parlamentario a través del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, que tengan como objetivo la adquisición de estas viviendas por parte de la administración autonómica”.