Representantes de las 91 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de las calles La Luisiana y Estatuto de Autonomía, han solicitado por escrito esta semana una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ante la situación de "inseguridad y especulación" que sufren por parte del fondo de inversión propietario de los inmuebles.
Según informan desde el grupo municipal Con Andalucía Izquierda Unida y Podemos por Écija, que ha firmado el escrito de solicitud de reunión junto a los vecinos de estas viviendas sociales por – denuncia ambas partes – “el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración autonómica el pasado verano”.
Un escrito en el que los afectados relatan que, tras una primera queja enviada en marzo, los vecinos mantuvieron una reunión el pasado 24 de julio de 2025 en Sevilla con la Secretaria General de Vivienda, Alicia Martínez Prieto, y el Director General de Vivienda y Regeneración Urbana.
En la que los responsables de la Junta "se comprometieron a estudiar el caso, ante el abandono de la barriada por el actual propietario, así como su intento de venta de viviendas a pesar de ser protegidas".
El compromiso explícito fue "responder a las peticiones en el pasado mes de septiembre". Sin embargo, los vecinos denuncian que "a día de hoy nadie del citado organismo se ha dirigido a nosotros por ningún medio", a pesar de los reiterados intentos de contacto vía telefónica y correo electrónico por parte de los afectados.
Motivo por el que las 91 familias han solicitado formalmente amparo ante la especulación y el silencio administrativo, pidiendo una reunión presencial con el presidente de la Junta de Andalucía y la consejera en materia de vivienda, Con el objetivo de buscar una solución definitiva que garantice el derecho a la vivienda (Art. 47 de la Constitución) frente a la "especulación pretendida por el fondo de inversión que se adjudicó los 91 inmuebles".
Por último, los vecinos insisten en su escrito en la necesidad de retomar la situación para exponer "la inseguridad que continuamos sufriendo con todos sus detalles" y exigen que se les comunique qué pasos está dando el gobierno autonómico para frenar las maniobras de la propiedad.
