Los portavoces de los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Écija, Eligio García y Mario Perea, mantuvieron en el día de ayer una reunión con los representantes de los inquilinos de las 91 VPO de Estatuto de Autonomía, para estudiar las posibles respuestas legales ante la situación de un presunto acoso que estarían sufriendo estos vecinos por parte de un supuesto representante de la empresa adjudicataria.
Según manifiesta el portavoz de IU, Eligio García Jódar, “vamos a estudiar si la empresa está cometiendo un presunto delito de acoso inmobiliario a través de un señor que se persona en las viviendas diciendo actuar en su nombre y que se dedica a amedrentar a los vecinos para intentar convencerlos de que paguen más y cambien sus contratos”.
En este sentido, García Jódar, explica que “ya se han puesto en contacto con la empresa a través del abogado Francisco Tejado, el cual, ha presentado un requerimiento a la empresa, para que se les respete su derecho de retracto, tal y como marca la ley, para que estos vecinos puedan comprar sus viviendas por el precio que esta empresa las adquirió en la subasta judicial, unos 14.000 euros por vivienda; ya que algunos de los inquilinos tienen la intención de adquirir la propiedad pues tienen un contrato de alquiler con opción a compra, en algunos casos de más de 20 años”.
En dicho requerimiento “los vecinos también informan a la empresa de que consideran el procedimiento de adquisición de sus viviendas nulo de pleno derecho, por lo que en ningún caso admitirán modificación alguna en los contratos que firmaron originariamente y que suponga una merma en sus derechos como inquilinos, como pretende obligares a hacer la empresa”; además, en el mismo requerimiento “también se les informa de que todo contacto a partir de ahora se realizará a través del abogado Francisco Tejado, por lo que no procede que esta envíe a nadie a hablar directamente con los vecinos”.
García Jodar, también informó que “se ha pedido una certificación del registro mercantil de Madrid sobre dicha empresa y que esta no están presentando, como tiene la obligación de hacer, las cuentas generales de los años 2020 y 2021 ante dicho registro”, por lo que el portavoz de IU califica a esta empresa como “una empresa opaca que parece ser que se ha constituido expresamente para quedarse con estas viviendas”.
Por último, el portavoz de IU, denunciaba “la falta de cooperación de la Junta de Andalucía a la hora de recabar información para la defensa de estos vecinos, por lo que se ha hecho una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Andalucía por la falta de respuesta de la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a los escritos presentados por los vecinos y vecinas de calle de Estatuto de Autonomía, en los que se pedía información crucial para su defensa”.
Mientras que el portavoz de Podemos Écija, Mario Perea, señaló que “los vecinos están viviendo una grave situación de inseguridad jurídica por una deuda que no han generado ellos, que es algo que tenemos que remarcar” y considera imprescindible que “cuando llegue el momento tenemos que depurar todas y cada una de las responsabilidades jurídicas que ha habido durante el camino” en relación con la gestión realizada por el administrador concursal que según Perea “ha tomado decisiones de dudosa ética”.
Para el portavoz de la formación morada, ante todo, aquí hay una cuestión política de fondo que es "la defensa a ultranza de los vecinos y las vecinas de Écija que defienden los partidos de izquierdas, frente al modelo del PP, que es el del pelotazo urbanístico, de los amíguetes, de asignar contratos lucrativo como bien demostró en este caso en el que la Junta de Andalucía se negó a ejercer el derecho de retracto y haberles evitado este sufrimiento a los vecinos".
Por su parte, Valle Miranda, en representación de los inquilinos de las viviendas, explica que “están viviendo una gran injusticia, ya que llevan habitando en estas viviendas 22 años y ahora nos quieren echar”; preguntándose “¿por qué quieren echarlos de las viviendas?, ¿por no pagar no será?”, porque “llevamos pagando ininterrumpidamente durante 22 años, primero al Ayuntamiento, después seguimos al concursal y ahora estamos pagando al nuevo propietario”.