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El Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla ha fijado para el 31 de octubre de 2025, el juicio promovido contra un cazador por la muerte de un niño de cuatro años natural de Écija alcanzado de manera fortuita por un disparo de escopeta en una montería celebrada el 19 de enero de 2019 en una finca de Guillena.

Rosario Serrano, abogada de la familia, ha confirmado a Europa Press que, como han publicado Diario de Sevilla y ABC, el juicio ha sido señalado para dicha fecha, exponiendo la abogada que los padres de la víctima están "indignados" ante los plazos previstos para la celebración del juicio.

Minutos antes de las 11,30 horas del 19 de enero de 2019, el Servicio Coordinado de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada de un testigo que indicaba que un menor había resultado herido por un disparo en la finca La Lapa, en Guillena, a donde se desplazaron la Guardia Civil y la Policía Local de Burguillos, además de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061.

El menor fue trasladado con vida en ambulancia de al centro de salud más cercano, en este caso el de Burguillos, donde los sanitarios intentaron reanimarle sin éxito y sólo pudieron confirmar su muerte.

EL ACUSADO

El grupo de Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de La Rinconada abrió una investigación para esclarecer las causas de la muerte del menor y detuvo al acusado, L.A.G., de unos 60 años a la fecha de los hechos y nacionalidad argentina, quien cuenta con las licencias para uso de armas y cazar en regla, así como con el seguro de responsabilidad civil en vigor.

El acusado, según declaró, no conocía a la víctima ni a su padre. Durante su declaración relató que, estando en su puesto, escuchó ruido y observó movimientos entre la ingente cantidad y alta maleza existente en la finca, por lo que se adelantó, según su relato, para observar qué era y, tras "un giro de 90 grados", disparó hacia la derecha, donde se encontraba el niño, resultando éste herido por el disparo y posteriormente muerto.

EL TESTIMONIO DE LA FAMILIA

Pero según sus padres, el menor "en ningún momento" se salió del puesto en el que se encontraba junto a su padre como observador, asegurando que el abuelo y el padre del niño vieron antes de los hechos al encargado de la rehala "llamar la atención al acusado para que se fuera a su puesto".

En cualquier caso, tras las diligencias tramitadas por el Juzgado de Instrucción número 16, el acusado se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel tanto por la Fiscalía como por la acusación particular que ejercen los padres del menor fallecido, por un delito de homicidio por imprudencia grave, reclamando el Ministerio Público una indemnización de 228.000 euros para la familia, que de su lado solicita 415.584 euros.



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