Una representación de los inquilinos de las 91 viviendas sociales de Estatuto de Autonomía y la empresa propietaria del edificio, bajo la mediación del Ayuntamiento de Écija, se han reunido este mediodía en dependencias municipales.

A la misma también han asistido el abogado de los vecinos, el letrado municipal y la secretaria del Ayuntamiento, así como la alcaldesa de la ciudad, Silvia Heredia, que ha agradecido a ambas partes la predisposición para reunirse y darse la oportunidad de escuchar y resolver las inquietudes que tengan tanto vecinos como empresa, todo ello en un clima calmado y de escucha activa.

Este es un paso inicial para encontrar desde el entendimiento y la calma una buena solución para estas familias, que vieron hace varios años cómo unas viviendas públicas que les fueron concedidas mediante concurrencia pública en 2003 entraban en proceso de subasta y eran adquiridas por una empresa de fuera.

El primer objetivo de esta reunión de mediación –según informan desde el ayuntamiento– era aclarar a los vecinos qué ocurrirá con sus contratos, puesto que el 17 de marzo finalizan, a lo que la empresa ha señalado que mantendrán los contratos a través de una prórroga tácita del mismo, hasta que se conozca la sentencia judicial sobre la compraventa de estas viviendas en 2018, dentro de un mes aproximadamente. En función de lo que determine el juzgado se irán tomando las siguientes decisiones.

Por otra parte, un segundo objetivo marcado por el Ayuntamiento de Écija para la reunión era conocer las intenciones de la empresa ante las reclamaciones de deudas que les están llegando a los vecinos. Se han recibido cartas de la hacienda pública estatal y local exigiéndoles que el pago del alquiler se ingrese en sendos organismos para sufragar la deuda de la empresa con los mismos.

En ese sentido la empresa ha hecho saber a los vecinos que en unos meses estarán al día en esos pagos con la hacienda pública y podrán volver a pagar sus cuotas de alquiler a la propia empresa.

Finalmente, otro asunto tratado ha sido exigir a la empresa que lleve a cabo la limpieza y mantenimiento de las infraestructuras del edificio. Igualmente, se les ha trasladado que se busque una solución al arreglo de una cornisa que se encuentra en mal estado. Ante esta petición, se han comprometido a arreglar los desperfectos que se han ido produciendo por el paso del tiempo en el edificio.

La próxima reunión entre vecinos, empresa y Ayuntamiento será una vez se conozca la sentencia judicial que se dictaminará en un mes, más o menos. Pero la empresa ya ha adelantado que podrían estar dispuestos a llegar a acuerdos con los vecinos para que estos puedan comprar sus viviendas por un precio asequible. En ese sentido desde la empresa han planteado cifras, que de momento, y en palabras de la Alcaldesa, “no son las apropiadas bajo ningún concepto, ya que hay que tener muy presente la situación de vulnerabilidad de estas familias y sus circunstancias económicas”.